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Armenta niega censura a TV Azteca; intervención fue por adeudos y multas
- Staff Grupo Fytzia
- 1 jun
- 2 min de lectura
Puebla, Pue. 1 de junio 2026
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, rechazó que exista censura contra TV Azteca y aclaró que las acciones realizadas por autoridades estatales corresponden a procedimientos administrativos relacionados con adeudos económicos, multas y obligaciones pendientes.
El mandatario señaló que el caso de la televisora está vinculado con adeudos derivados de multas y obligaciones laborales, por lo que descartó que se trate de una medida contra la libertad de expresión.
“Es un tema de adeudos con trabajadores, pero nada tiene que ver con censura”, afirmó.
Procedimiento apegado a la ley
La secretaria de Planeación y Finanzas, Daniela Pérez Calderón, informó que las intervenciones realizadas tanto en TV Azteca como en Plaza Dorada se apegaron a la normatividad vigente.
La funcionaria descartó cualquier arbitrariedad y explicó que el adeudo de TV Azteca deriva de multas administrativas relacionadas con la Ley Federal del Trabajo, cuyo monto, con recargos acumulados, asciende aproximadamente a 5 millones de pesos.
Plaza Dorada adeuda hasta 22 mdp
Respecto a Plaza Dorada, Pérez Calderón aclaró que el procedimiento no involucra a los comerciantes del centro comercial, sino a la empresa inmobiliaria propietaria del inmueble.
Precisó que las medidas aplicadas consistieron únicamente en la colocación de sellos en algunos espacios pertenecientes a dicha empresa, sin afectar las actividades comerciales del complejo.
El adeudo de la inmobiliaria oscila entre 20 y 22 millones de pesos.
Buscan regularizar situación
En conjunto, los procedimientos relacionados con TV Azteca y Plaza Dorada representan alrededor de 27 millones de pesos en obligaciones pendientes.
La secretaria de Finanzas señaló que tanto Producciones Azteca como la empresa propietaria de Plaza Dorada han mostrado disposición para regularizar su situación y entregaron documentación que será revisada por las autoridades correspondientes.
Con ello, el Gobierno del Estado mantiene que ambos casos forman parte de procesos administrativos y no de acciones políticas o de censura.
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