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El “Tehuacanazo”: marcha en favor de Miguel Ángel Celis Romero paraliza Tehuacán y desata críticas por presión judicial
- Staff Grupo Fytzia
- 30 ene
- 3 min de lectura
Tehuacán, Pue., 30 de enero de 2026.
El día de ayer, Tehuacán vivió lo que distintos sectores sociales ya califican como el “Tehuacanazo”, luego de una movilización organizada en favor de Miguel Ángel Celis Romero, uno de los herederos de la empresaria avícola Socorro Romero Sánchez, actualmente detenido por el delito de extorsión, que paralizó vialidades, afectó la actividad económica y alteró la vida cotidiana de la ciudad.
La marcha, impulsada por empleados de la empresa avícola Socorro Romero Sánchez, S.A. de C.V., así como por el equipo legal del imputado, bloqueó calles del primer cuadro de la ciudad y avanzó hasta la Casa de Justicia. El resultado fue caos vial, cierre de comercios, retrasos en el transporte público y suspensión parcial de actividades, generando inconformidad entre ciudadanos, comerciantes y transportistas.
Para amplios sectores de la población, la protesta rebasó el derecho a la manifestación y se transformó en una acción de presión directa contra el Poder Judicial, utilizando a la ciudad como escenario de confrontación.
Críticas por el uso de estructura empresarial y laboral
A diferencia de otras expresiones ciudadanas, el denominado “Tehuacanazo” llamó la atención por su alto nivel de organización, la movilización de más de mil personas y el uso de camiones, trabajadores e infraestructura empresarial para incidir en un proceso penal en curso.
Diversos habitantes del centro histórico expresaron que la ciudad fue utilizada como rehén de un conflicto legal privado, bajo el mensaje implícito de que, sin una resolución favorable, Tehuacán puede volver a ser paralizada.
Alfonso Celis Enecoiz se deslinda y condena el uso de trabajadores
Horas después de los hechos, Alfonso Celis Enecoiz, denunciante en el proceso legal y parte del conflicto hereditario, emitió un deslinde absoluto y categórico de las movilizaciones, señalando que no fueron convocadas ni autorizadas por él, y que contravienen principios básicos de responsabilidad social y empresarial.
En su posicionamiento, afirmó que el uso de trabajadores, camiones e infraestructura de la empresa para presionar por la liberación de Miguel Ángel Celis Romero provocó un daño directo a la economía local, a clientes, proveedores y a las propias familias trabajadoras, calificando estas acciones como irresponsables e inaceptables.
Asimismo, envió un mensaje directo a las y los trabajadores, asegurando que:
Sus empleos no están en riesgo
No existe conflicto laboral alguno
Nadie perderá su trabajo por un proceso legal ajeno a ellos
Recalcó que el caso que enfrenta Miguel Ángel Celis Romero es un litigio estrictamente entre particulares, que debe resolverse exclusivamente en los tribunales, y que ninguna manifestación puede sustituir a la justicia ni determinar culpabilidades o inocencias.
Señalamientos por uso indebido de recursos empresariales
El comunicado también subrayó como grave el uso de recursos de una empresa donde Miguel Ángel Celis Romero no es el único propietario, para impulsar una movilización con fines judiciales, lo que abre cuestionamientos sobre responsabilidades administrativas, éticas y legales.
Celis Enecoiz reiteró su compromiso con el Estado de Derecho, asegurando que las empresas continúan operando con normalidad y que existe certeza jurídica para clientes y proveedores, enfatizando que la justicia no se evade con marchas ni es legal ni moral utilizar a trabajadores como instrumentos de presión.
Un precedente incómodo para Tehuacán
Más allá del proceso penal por extorsión, el “Tehuacanazo” abrió un debate de fondo en la ciudad: ¿hasta dónde puede llegar el poder económico y empresarial para intentar influir en la justicia? Para críticos, permitir este tipo de movilizaciones sienta un precedente peligroso, donde la capacidad de paralizar una ciudad se convierte en una herramienta de presión judicial.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre los efectos económicos, sociales y de movilidad que dejó la protesta. Sin embargo, para muchos habitantes de Tehuacán, el saldo es claro: la ciudad pagó el costo de un conflicto legal privado que no le pertenece.
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