Desinformación y discurso violento marcan posicionamientos tras el “Tehuacanazo”

Tehuacán, Pue. 6 de febrero 2026

Luego de la movilización conocida como el “Tehuacanazo”, que paralizó vialidades y actividades económicas de la ciudad en días recientes, han surgido señalamientos por la difusión de información imprecisa y el uso de un discurso violento por parte de uno de los personajes que públicamente respaldaron la protesta.

De acuerdo con registros oficiales y antecedentes documentados, el Centro de Reinserción Social de Tehuacán fue construido por el Estado, y no por particulares. El terreno donde se ubica fue otorgado en comodato por la empresaria Socorro Romero Sánchez, lo cual no constituye la construcción ni propiedad del penal, como se ha afirmado erróneamente en declaraciones recientes difundidas en espacios públicos y digitales.

Especialistas en comunicación pública advierten que hablar con seguridad sin sustento factual contribuye a la desinformación, particularmente en contextos de alta tensión social y judicial, como el que atraviesa actualmente Tehuacán tras la detención de Miguel Ángel Celis Romero por el delito de extorsión.

Además de las imprecisiones históricas, diversas expresiones han generado preocupación por el uso de lenguaje violento y amenazante, incluyendo referencias explícitas a agresiones físicas. Para colectivos ciudadanos y analistas, este tipo de discurso rebasa el debate político o social, y puede interpretarse como una forma de normalización de la violencia, particularmente cuando se dirige de manera indirecta contra mujeres o instituciones del Estado.

Organismos defensores de derechos humanos han señalado en distintos contextos que la violencia verbal y simbólica también constituye una forma de agresión, y que su reproducción en espacios públicos contribuye a un clima de intimidación incompatible con el Estado de Derecho.

En una ciudad con memoria histórica y tejido social complejo, distintos sectores consideran que la crítica y la protesta no pueden sostenerse sobre la mentira, la amenaza ni la distorsión de los hechos, y que el debate público debe basarse en información verificable, respeto institucional y responsabilidad social.

El caso legal que detonó las movilizaciones continúa su curso en los tribunales, mientras que en el espacio público persiste un llamado ciudadano a no utilizar la desinformación ni el discurso violento como herramientas de presión, ni convertir a Tehuacán en escenario de confrontaciones que no le corresponden.

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Análisis y verificación del discurso público tras el “Tehuacanazo”

El siguiente material audiovisual forma parte de un ejercicio de análisis periodístico y verificación de hechos, elaborado a partir de información documental, registros oficiales y antecedentes históricos.

El video acompaña la nota informativa publicada por este medio y tiene como objetivo contextualizar declaraciones públicas, aclarar afirmaciones incorrectas que han circulado recientemente y señalar el uso de lenguaje violento en el debate público, sin emitir juicios sobre procesos judiciales en curso.

FYTZIA reafirma su compromiso con la libertad de expresión responsable, el derecho a la información veraz y el respeto al Estado de Derecho, especialmente en contextos de alta sensibilidad social.